Verificación corporativa del beneficiario - Libro blanco - abril de 2025

Introducción

Las empresas, desde las startups más pequeñas hasta las grandes corporaciones que cotizan en bolsa a nivel mundial, han estado sufriendo las consecuencias de ser
blanco de los estafadores. Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los departamentos de cuentas por pagar es el fraude en las facturas: un tipo de estafa que busca convencer a una empresa para que ingrese dinero en una cuenta bancaria controlada por el estafador, ya sea emitiendo facturas falsas o manipulando a la empresa para que modifique los datos de referencia de sus proveedores mediante ingeniería social.

No hay que subestimar la magnitud del fraude en las facturas. Un estudio de 2022 realizado por Forbes, en el que se encuestó a más de 2.750 empresas, reveló que el 95,5 % de ellas ha sido víctima de fraude en las facturas, con un coste medio por fraude para las empresas medianas de la astronómica cifra de 280.000 dólares.

Por desgracia, estas cifras son solo la punta del iceberg. Un estudio de 2024 realizado por Ardent Partners reveló que el 37 % de las empresas encuestadas había registrado un aumento en el número de casos de fraude en facturas en comparación con el año anterior. Con la creciente adopción de los pagos en tiempo real por parte de las empresas y el inminente aumento de los límites del valor de las transacciones para las transferencias instantáneas de la SEPA, se dan las condiciones perfectas para que los estafadores prosperen.

Ante esta epidemia de delitos financieros, no es de extrañar que en varios países se hayan empezado a desarrollar soluciones que permiten a las empresas verificar que la identidad del titular de la cuenta coincide con la del beneficiario previsto, como por ejemplo la solución SEPA Mail Diamond en Francia.

Tampoco es de extrañar que la Asociación Europea de Tesoreros Corporativos haya defendido con firmeza la inclusión de los canales de pago «
» en el Reglamento sobre pagos instantáneos, en lo que respecta al requisito de implantar servicios de verificación del beneficiario.